A principios de la semana, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado brasileño aprobó un proyecto de ley para legalizar los casinos, las salas de bingo y el tradicional “jogo do bicho”. El proyecto de ley, PL 2234/2022, se aprobó por un margen escaso, 14 votos a favor y 12 en contra. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró el viernes que sancionaría el proyecto si lo aprobaba el Senado. En una entrevista radiofónica, Lula subrayó que, aunque personalmente no está a favor del juego, no lo considera un delito. “Si el Congreso lo aprueba y hay acuerdo entre los partidos políticos, no hay razón para no sancionarlo”, dijo.

Las preocupaciones de Lula

El proyecto de ley, que ya se ha aprobado en la Cámara de Representantes, prevé ahora que se vote en el pleno del Senado. Si se aprueba sin enmiendas, pasará a la mesa del presidente Lula para su sanción definitiva. Lula también abordó las preocupaciones relativas a las repercusiones socioeconómicas del juego, señalando que, aunque legalizar los casinos podría crear puestos de trabajo, es poco probable que sea una panacea para los retos económicos de Brasil. Expresó su escepticismo sobre las afirmaciones de que la medida generaría 2 millones de puestos de trabajo. Asimismo, argumentó que, aunque los casinos podrían proporcionar empleo a las personas más pobres, es poco probable que estas personas sean clientes. Además, Lula destacó el aumento de las apuestas deportivas en línea y su posible impacto en los jóvenes, y subrayó la necesidad de una regulación cuidadosa.

Qué incluye el PL 2234 (2022)

El PL 2234 (2022), pretende regular el juego y las apuestas en Brasil, modificar y revocar las leyes obsoletas. El proyecto de ley se estructura en diez títulos, que abarcan las disposiciones generales, el establecimiento del Sistema Nacional de Juegos y Apuestas (Sinaj), los requisitos para conceder licencias y las medidas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo. Pretende poner bajo control estatal una actividad económica ya existente, a menudo ilegal, reducir los vínculos con el crimen organizado. El proyecto de ley incluye crear un registro nacional de personas prohibidas (RENAPRO) e impone un impuesto del 20% sobre los premios superiores a 10.000 reales (algo más de 1.700 euros). El análisis de la comisión confirma la constitucionalidad y la importancia económica del proyecto de ley, y propone enmiendas para mejorar el texto. Se prevé que la normativa formalice el sector del juego, garantice la supervisión del Estado y aborde cuestiones como la adicción al juego y los delitos financieros.

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