La Unión Europea promulga leyes sólidas y nuevas que se centran en el anonimato de las transacciones tanto en efectivo como en criptomoneda. La medida supone un paso decisivo para combatir el blanqueo de capitales. Dichas leyes pretenden eliminar las lagunas que históricamente han permitido las actividades financieras ilícitas gracias a imponer restricciones a las transacciones en efectivo. Esta establece un límite a los pagos en efectivo y prohíbe cualquier transacción superior a 10.000 euros e ilegaliza las transacciones anónimas en efectivo superiores a 3.000 euros.

La nueva normativa contra el blanqueo se extiende también a las monedas digitales y abarca el mercado de criptomonedas, en rápido crecimiento. La UE ha prohibido polémicamente usar monederos de criptomonedas no identificadas. Esto incluye todo tipo de monederos digitales que no gestiona un proveedor autorizado, ya sean móvil, de sobremesa o por navegador.

Se prevé que aplicar esta nueva normativa contra el blanqueo empiece en un plazo de tres años a partir de introducirse oficialmente. Sin embargo, los especialistas jurídicos del bufete de abogados Dillon Eustace, con sede en Dublín, anticipan que las leyes estarán plenamente operativas mucho antes del plazo estándar. Aunque las leyes podrían frenar potencialmente el blanqueo de capitales, se han enfrentado a críticas. Patrick Breyer, miembro del Parlamento Europeo en representación del Partido Pirata alemán, ha expresado su preocupación por el impacto de las leyes en la libertad financiera individual. Argumenta que las transacciones anónimas son un derecho humano fundamental necesario para la independencia económica personal y advierte de las posibles repercusiones socioeconómicas respecto a la postura de la UE sobre las transacciones en efectivo. La eficacia de las nuevas leyes contra el blanqueo de capitales está aún por determinar. Aunque algunos consideran que las medidas son esenciales, otros temen que puedan coartar la intimidad y la libertad financieras. También preocupan las implicaciones más amplias para las personas no bancarizadas que dependen del dinero en efectivo y las empresas que manejan transacciones de alto valor. Además, la normativa sobre los monederos de autocustodia plantea dudas sobre la posibilidad de eludirla tecnológicamente, como los intercambios descentralizados o las cadenas de bloques centradas en la privacidad. A medida que la UE refuerza el control sobre las transacciones financieras, el futuro de las criptomonedas en la región es incierto. Limitar el anonimato plantea problemas de privacidad y obstaculiza la integración financiera y la innovación. Todo ello podría impedir que las monedas digitales se acepten de forma generalizada en Europa. La evolución de las leyes de la UE contra el blanqueo influirá sin duda en la encrucijada de las finanzas, la tecnología y la regulación en los próximos años.

Excepciones a la normativa

La UE ha hecho una clara distinción al excluir las transacciones privadas entre particulares del límite de pagos en efectivo. La exclusión reconoce la importancia del efectivo en las transacciones cotidianas entre los ciudadanos y garantiza que las actividades económicas personales y a pequeña escala no se vean afectadas. Además, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) será la autoridad central que coordine a las autoridades nacionales para garantizar la aplicación correcta y coherente de las normas de la UE. Sin embargo, para evitar situaciones de comunicaciones posiblemente conflictivas con las entidades supervisadas, la función de coordinación de la Autoridad debe limitarse en principio a interactuar con las autoridades de control pertinentes, y no debe incluir ninguna interacción directa con entidades obligadas no seleccionadas, salvo en casos debidamente justificados. Estas excepciones forman parte de los esfuerzos de la UE por equilibrar la necesidad de medidas estrictas contra el blanqueo con las realidades prácticas de las transacciones financieras y los derechos de las personas. Es importante señalar que, aunque las leyes son estrictas, también están concebidas para ser justas y tener en cuenta las diversas circunstancias.