La PAGCOR anuncia que los permisos de trabajo de los empleados de los operadores de juego filipino extraterritoriales (POGO) seguirán siendo válidos hasta finales de año. La prórroga se aplica tanto a los trabajadores extranjeros como a los locales del sector del juego extraterritorial, rebautizado como Licencias de Juego en Internet (IGLs).

Originalmente, estos permisos tenían un periodo de validez de tres años. Aun así, los recientes ajustes aprobados por el director general de la PAGCOR, Alejandro Tengco, el 15 de agosto, han fijado la fecha de caducidad para el 31 de diciembre de 2024.

Mano dura del presidente Marcos contra los POGO

La decisión de ajustar la validez del permiso sigue a la directiva del presidente Ferdinand Marcos Jr. de prohibir los POGO, anunciada durante su discurso sobre el Estado de la Nación el 22 de julio. La postura de la administración representa una importante ofensiva contra el controvertido sector, que ha sido objeto de control por acusaciones de actividades ilegales y vínculos con organizaciones delictivas extranjeras.

Impacto económico de la prohibición

Tengco reconoció que prohibir los POGO tendría repercusiones económicas importantes. Tengco preveía una pérdida de 23 mil millones de pesos filipinos (366 millones de euros) en ingresos para la PAGCOR y el posible desplazamiento de unos 40.000 puestos de trabajo locales. A pesar de las preocupaciones, la PAGCOR sigue su compromiso de aplicar la directiva del Gobierno. El cambio de nombre de POGO a IGL a finales del año pasado fue inicialmente un esfuerzo por legitimar el sector, pero el último mandato gubernamental ha dejado sin efecto estos esfuerzos.

Esfuerzos conjuntos para eliminar el sector

Para preparar la entrada en vigor de la prohibición, el Departamento de Licencias de Juego en el Extranjero de la PAGCOR convocó el martes una reunión con representantes de las IGL, el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) y la Oficina de Inmigración (BI). La reunión, celebrada en la Oficina Corporativa de PAGCOR en Pasay City, se centró en la coordinación de esfuerzos para eliminar gradualmente la industria del juego extraterritorial antes de finales de año.

Los anteriores intentos de la BI de imponer un plazo de 60 días para que los trabajadores extranjeros de POGO abandonen el país fueron suspendidos por el Departamento de Justicia. Esta pausa pretende alinear las políticas de inmigración con el plan de liquidación de las operaciones de POGO, garantizando una salida ordenada para los implicados.